Las eléctricas sufren a Sánchez: ya ha aprobado más de 10 normas «por real decreto y sin avisar»

Las eléctricas están sufriendo en sus negocios la improvisación del Gobierno en materia de regulación del sector energético. El Ejecutivo ha aprobado más de 10 normas desde el inicio de la crisis que modifican las condiciones del mercado y dificultan su funcionamiento normal, lo que genera una gran incertidumbre en los cuarteles generales de las compañías a la hora de planificar y desarrollar su negocio. «Y lo ha hecho por real decreto, sin avisar, sin negociar con el sector y sin claridad sobre su aplicación, generando mucha incertidumbre para la inversión», señalan desde una firma del sector.

El propio Francisco Reynés, presidente de Naturgy, ha advertido este miércoles en una comparecencia pública que en España y en Europa se han puesto en marcha unas 20 medidas regulatorias para el sector que les impide establecer una estrategia de negocio para el corto plazo. «Vamos a revisar el Plan Estratégico, pero tenemos que esperar a tener una idea clara del mercado y su regulación para hacerlo», ha explicado.

En las compañías consideran que es imposible hacer planes con esta improvisación regulatoria, dirigida en muchas ocasiones contra el sector eléctrico pese a que era el gas el que ha estado a precios desorbitados.

Radiografía de la improvisación

En el verano de 2021 el Gobierno lanzó una ley para anular la señal del precio de dióxido de carbono a la centrales sin emisiones -Proyecto de Ley de Detracción de CO2-. Está tramitación parlamentaria y parada en el Congreso de los Diputados.

En septiembre de ese año se aprueba una norma para cargar a toda la energía no emisora, y ese mismo mes se plantea un proyecto de subastas obligatorias para operadores dominantes por el 25% de la producción no emisora, que «también está parada porque se ha demostrado que está toda la electricidad vendida y podría implicar la ruptura de contratos a clientes que aseguraron su precio», señalan fuentes del sector.

En octubre de 2021, el Gobierno rectifica la medida establecida en septiembre porque las eléctricas no venden esta energía en el pool sino que la tienen vendida de antemano. En marzo de 2022, el Ejecutivo fijó un precio de 67 euros por megawatio hora (€/MWh) para la energía, una cifra tres veces inferior a los 180 €/MWh marcado en Europa.

Más improvisación. En abril de 2022 el Gobierno aprobó un canon a la energía hidroeléctrica por el 25,5% de los ingresos de la generación hidráulica, pese a que estaba anulada previamente por el Tribunal Supremo.

En mayo, establecieron el conocido como tope al gas, la llamada excepción ibérica, que ha servido para abaratar el precio de la electricidad a los clientes del mercado regulado pero encareciéndolo en mayor medida a quiénes tenían un precio fijo pactado con las eléctricas, ya que tenían que contribuir a la financiación de la medida.

En julio se registró la proposición de ley  que crea el impuestazo a las energéticas y a la banca pese a que el reglamento europeo sobre este gravamen no incluye a la electricidad y, además, se aplica sobre las ventas y no sobre los beneficios, como han hecho en efecto otros países de Europa. Este impuestazo ya está en vigor.

En octubre de 2022 decide incrementar el bono social eléctrico a cargo de las empresas del sector. «El bono al gas lo pagan los presupuestos y el eléctrico sólo las compañías eléctricas», señalan fuentes del sector. Por último, en enero de este año, el Gobierno ha enviado a Bruselas una propuesta de reforma total del mercado eléctrico europeo. Las fuentes lo resumen así: «Modelo de máxima intervención, planificación centralizada, vuelta al pasado, que perjudica a los consumidores y a las inversiones en Transición Energética».